El texto legal permitirá la distribución de la píldora de anticoncepción de emergencia, PAE, a las usuarias de los servicios de salud públicos, lo que, según la mandataria, permite corregir “una tremenda injusticia, estamos consagrando derechos en materia de fertilidad que nos permitirá seguir avanzando, teniendo siempre en mente la salud de la población y los derechos de las mujeres”.

Asimismo, las organizaciones de la sociedad civil que han trabajado durante años en la defensa del acceso a la anticoncepción de emergencia como un derecho humano de las mujeres, señalaron que este es un paso fundamental, pero que no resuelve su histórica demanda sobre el Proyecto Marco de Derechos Sexuales y Reproductivos, cuya versión primera fue elaborada el año 2000 por un conjunto de organizaciones lideradas por el Foro de Salud y DD.SS.RR., el que nunca logró trámite ni aprobación parlamentaria.

El proyecto recién aprobado fue presentado por el Ejecutivo ante el Parlamento luego de que en abril de 2008 el Tribunal Constitucional, TC, declarara la inconstitucionalidad de las Normas Nacionales de Regulación de la Fertilidad, las que permitían la distribución gratuita de la anticoncepción de emergencia en el sistema público de salud sobre la base de la equidad en el acceso. En rechazo a esta normativa, un grupo de parlamentarios articulados en la defensa "de la vida", intentaron que no solo la PAE fuera prohibida, sino también los dispositivos intrauterinos y todo aquel anticonceptivo cuya formulación incluyera una dosis específica del Levornogestrel, lo que no fue aceptado por el TC. Pero el fallo sí permitió que la AE se siguiera distribuyendo en las farmacias, es decir, al alcance de las mujeres con mayores recursos, lo que hizo visible una grave inequidad en el goce del derecho a la salud.

El proyecto promulgado por Bachelet, luego de su paso por comisiones y por la Cámara de Diputados, fue finalmente aprobado por el Senado el 16 de diciembre de 2009, con 19 votos a favor y siete en contra, e incluso superó exitosamente un último trámite en el Tribunal Constitucional.

A partir de indicaciones hechas por la senadora demócrata cristiana Soledad Alvear, de la coalición gobernante, la normativa establece que cuando este método anticonceptivo de emergencia sea solicitado por una menor de 14 años, el proveedor o proveedora de salud -en el sistema público o privado de salud- procederá a la entrega de dicho medicamento, debiendo informar posteriormente al padre o madre de la menor o al adulto responsable que ella señale. Esta indicación produjo sendas críticas, por cuanto no respeta las condiciones de confidencialidad tan necesarias en la atención de salud en lo general, y en particular en salud sexual y reproductiva de adolescentes. También se hizo notar a menudo la violencia sexual y los abusos en contra de niñas y adolescentes proceden precisamente del círculo familiar, lo que hace altamente inconveniente la obligación de informar sobre este tipo de atención.

Por otra parte, el texto legal establece el derecho a recibir, en el ciclo de enseñanza media, contenidos que propendan a una sexualidad responsable de acuerdo al proyecto educativo, convicciones y creencias que adopte e imparta cada establecimiento educacional en conjunto con los centros de padres y apoderados. Esto significa que se daría inicio a programas de educación sexual acordes con los valores y principios de la comunidad escolar, superando un enorme vacío en esta materia, y contribuyendo a enfrentar el fenómeno del embarazo adolescente en Chile. Efectivamente, si bien la tasa de fecundidad de las chilenas ha descendido consistentemente en las últimas décadas, esto no ha ocurrido entre las adolescentes, en especial las menores de 14, lo que revela falta de información, problemas de acceso a los servicios y a los métodos de anticoncepción en general, y revela también la existencia de abuso sexual como una problemática no suficientemente dimensionada ni abordada.

Para conocer algunos de los documentos que se han ido elaborando en las distintas etapas de la defensa de la anticoncepción de emergencia, se puede acceder al sitio web del Instituto Chileno de Medicina Reproductiva, ICMER.. Asimismo, está disponible un listado de profesionales que recetan la PAE, estrategia que se utilizó a partir de las dificultades que surgieron con el fallo del Tribunal Constitucional el año 2008.